La educación también debe rendir cuentas: la ASF observa 906.6 millones en la capital
Contratos sin acreditación suficiente y pagos de nómina forman parte de los hallazgos sobre recursos de 2025. El monto sigue sujeto a aclaración; no equivale a un desvío probado por sentencia.
La revisión del gasto educativo dejó una cuenta pendiente que rebasa los discursos sobre la importancia de las escuelas: 906.6 millones de pesos por aclarar en recursos federales ejercidos durante 2025 por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. La cifra corresponde a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, no a una condena por corrupción.
Los hallazgos, difundidos esta semana y retomados este domingo 1 de noviembre por La Jornada, colocan bajo revisión el respaldo documental de contratos y distintos pagos de personal. La entidad fiscalizada cuenta con un plazo de treinta días hábiles para presentar información y consideraciones, según ese reporte.
El mayor bloque está en siete contratos
De acuerdo con el desglose publicado por Animal Político, 505.4 millones corresponden a siete contratos cuya prestación de servicios no quedó suficientemente acreditada. Otros 342.5 millones se relacionan con pagos a 657 trabajadores con plazas cuyos horarios o ubicaciones resultaron incompatibles.
La revisión también señaló 47.1 millones pagados a 81 trabajadores relacionados con actividades sindicales sin acreditación de las funciones educativas y de la procedencia de esos pagos. Hay observaciones adicionales sobre categorías de plazas, puestos simultáneos y recargos de seguridad social.
Antes del cierre de la auditoría, la autoridad educativa reintegró 217.9 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Ese reintegro es una cantidad distinta del monto que permaneció pendiente de aclaración; no debe restarse de nuevo para presentar un saldo artificialmente menor.
Una observación exige respuestas verificables
El expediente, identificado como auditoría 2025-5-25C00-19-0029-2026, permite ubicar el ejercicio revisado. La referencia importa para no atribuir automáticamente todos los pagos a una administración, funcionario o escuela sin revisar quién tomó las decisiones y qué documentos respaldan cada operación.
El monto observado tampoco demuestra por sí solo que todos los servicios fueran inexistentes o que cada trabajador señalado haya cometido una falta. La conclusión publicada es que la acreditación resultó insuficiente o que se detectaron incompatibilidades. Determinar responsabilidades requiere examinar las respuestas y seguir los procedimientos correspondientes.
La diferencia tiene consecuencias públicas. Llamar robo a cualquier observación adelanta un juicio; tratarla como un trámite sin importancia evita preguntar por qué faltan comprobantes o por qué una nómina contiene situaciones incompatibles. El seguimiento necesita conservar ambas exigencias: precisión y rendición de cuentas.
El presupuesto debe poder seguirse hasta su destino
En los contratos, las preguntas básicas son qué se solicitó, quién lo entregó, cómo se recibió y quién autorizó el pago. En la nómina, cuáles fueron las funciones, los horarios y los centros de trabajo. La documentación debería permitir reconstruir esas decisiones sin depender de una explicación política general.
El debate educativo suele concentrarse en cuánto dinero se asignará el año siguiente. Esta revisión recuerda que también debe explicarse qué ocurrió con los recursos ya ejercidos. Aumentar un presupuesto y comprobar su uso son responsabilidades distintas, necesarias para evaluar la gestión.
Lo que sigue es conocer qué observaciones logra aclarar la autoridad educativa, cuáles permanecen abiertas y qué consecuencias se determinan. El tamaño de la cifra merece atención. El resultado del seguimiento permitirá saber qué significa, más allá del primer titular.
