La CIA, un exfiscal detenido y una acusación de traición: el caso que sacude a Chihuahua
César Jáuregui enfrenta dos frentes judiciales por el operativo con agentes estadounidenses. La detención también abrió una fractura política en el PAN de Maru Campos.
Una operación contra el narcotráfico terminó convirtiéndose en una crisis de soberanía y en una disputa dentro del PAN. César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua y antiguo colaborador cercano de la gobernadora Maru Campos, fue detenido el sábado 17 de octubre. Horas después, la Fiscalía General de la República anunció una orden de captura por presunta traición a la patria.
El expediente gira alrededor de la participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en abril en la sierra de Chihuahua. El caso salió a la luz después del accidente carretero en el que murieron dos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos al regresar de la zona.
Dos órdenes, dos investigaciones
La detención inicial fue ejecutada por autoridades estatales por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Jáuregui pasó la noche bajo jurisdicción de Chihuahua. El anuncio federal corresponde a una orden distinta: ambas actuaciones no deben confundirse como si fueran una sola imputación.
Ernestina Godoy sostiene que el exfuncionario permitió la intervención de extranjeros sin la autorización federal correspondiente. De acuerdo con la exposición de la FGR, la investigación reunió más de cien diligencias y busca establecer quién decidió, coordinó y autorizó su participación. Se trata de la versión de la fiscalía, pendiente de ser contrastada ante un juez.
La fractura alcanza al PAN
Jáuregui no es un personaje marginal en la historia política de Campos. Participó en sus campañas y ocupó posiciones importantes en su gobierno antes de dejar la fiscalía en abril. Su caída coloca bajo escrutinio la cadena de decisiones del operativo y vuelve incómoda la relación entre antiguos aliados.
Su defensa y simpatizantes atribuyen la captura a una maniobra para cerrarle el paso en la disputa por la alcaldía de Chihuahua. Esa acusación política tampoco está acreditada judicialmente. Lo comprobable es que hubo protestas de panistas frente al Poder Judicial y que la controversia ya rebasa el expediente penal.
La pregunta central sigue abierta: qué cooperación se realizó, bajo qué reglas y con conocimiento de qué autoridades. Desmantelar un laboratorio no resuelve por sí mismo la discusión sobre cómo se condujo el operativo. Tampoco una orden de aprehensión equivale a una sentencia. El siguiente tramo se juega con pruebas, defensas y decisiones judiciales.
Fuentes: La Jornada, 18 de octubre; Expansión Política, 17 de octubre; El País, contexto político.
