La gratuidad tiene una cuenta pendiente: universidades piden 36,800 millones más
Rectores llevaron al PT una solicitud de ampliación para 2027. El mayor componente, 23,700 millones, busca financiar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior.
La educación superior gratuita tiene una promesa constitucional y una discusión presupuestal pendiente. Rectores de universidades públicas estatales solicitaron a diputados del PT una ampliación de 36,800 millones de pesos para 2027; casi dos terceras partes se destinarían al fondo que debe hacer viable esa gratuidad.
La petición, reportada este lunes por La Jornada, plantea 23,700 millones para el fondo de gratuidad y obligatoriedad. Es una solicitud al Congreso: los recursos no están aprobados por el hecho de que se hayan presentado ante una bancada.
Abrir la puerta también cuesta
El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ángel Román Gutiérrez, sostuvo que las instituciones enfrentan litigios promovidos por estudiantes y que necesitan financiamiento para cumplir con el derecho a estudiar sin comprometer su operación.
La discusión tiene dos caras que deben resolverse juntas: las barreras económicas para quienes quieren cursar una carrera y el costo de mantener las instituciones que los reciben. Eliminar cobros sin sustituir esos ingresos puede trasladar el problema a aulas, laboratorios, mantenimiento o servicios.
El planteamiento también incluye recursos para presiones salariales, pensiones y equipamiento. Los montos específicos deberán revisarse en la negociación presupuestal; la suma anunciada expresa una necesidad del sector, no una asignación asegurada.
Una demanda que viene de atrás
El reclamo no comenzó este octubre. En un balance institucional publicado en diciembre de 2025, la ANUIES documentó gestiones ante diputados, senadores y Hacienda para fortalecer el subsidio a universidades estatales y crear un mecanismo federal de financiamiento para gratuidad y cobertura. Ese antecedente corresponde al presupuesto de 2026 y debe distinguirse de la solicitud actual.
La repetición del problema muestra la distancia entre ampliar un derecho y construir el financiamiento que lo vuelve cotidiano. Para las universidades, la negociación también exige explicar en qué gastarían una ampliación y cómo rendirían cuentas por ella.
La próxima decisión está en la Cámara de Diputados. Allí deberá definirse qué parte de la petición cabe en el presupuesto de 2027, de dónde saldría el dinero y qué compromisos acompañarían su entrega. La cifra importa; también importa que el estudiante pueda permanecer en la carrera después de conseguir un lugar.
Fuentes: La Jornada, 19 de octubre; ANUIES, antecedente del 25 de diciembre de 2025.
