La reforma judicial vuelve al taller: Morena quiere separar el manejo del dinero
La bancada prepara una iniciativa para que la Corte y el Tribunal Electoral administren su gasto. El debate abre otra revisión de las atribuciones del Órgano de Administración Judicial.
La nueva estructura del Poder Judicial vuelve a discutir una pregunta básica: quién puede decidir cómo se usa su dinero. Morena en la Cámara de Diputados prepara una iniciativa para precisar que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral administren y ejerzan por separado sus recursos.
La propuesta, prevista para presentarse el jueves según el reporte de este lunes de La Jornada, busca ajustar las atribuciones concentradas en el Órgano de Administración Judicial. El anuncio no significa que la modificación ya esté aprobada ni que haya cambiado la operación presupuestal.
Asignar dinero y poder gastarlo son cosas distintas
El vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar plantea que no basta con identificar cuánto corresponde a cada institución: también debe quedar claro quién administra, contrata y ejecuta. Esa diferencia define responsabilidades concretas, desde servicios e insumos hasta decisiones administrativas necesarias para el trabajo jurisdiccional.
El presupuesto de 2027 será una de las pruebas de ese reparto. El monto asignado a un órgano no resuelve, por sí mismo, cuánta autonomía tiene para utilizarlo si la autorización y el ejercicio dependen de otra instancia.
El propio Poder Judicial ya pidió ajustes
El 6 de octubre, la Corte, el OAJ, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral presentaron una propuesta conjunta de cambios a su Ley Orgánica y a la Ley de Amparo. El comunicado oficial señaló que buscaban precisar las competencias administrativas y presupuestarias derivadas del nuevo diseño constitucional.
Ese documento también propuso un mecanismo permanente de coordinación entre los órganos superiores. Es un antecedente institucional relevante, aunque no debe confundirse automáticamente con la iniciativa que ahora anuncia la bancada: su contenido y recorrido legislativo requieren revisión por separado.
La discusión pone sobre la mesa una tensión del rediseño judicial: coordinar sin impedir que cada órgano cumpla sus funciones. Concentrar la administración puede facilitar reglas comunes; repartir atribuciones exige dejar muy claro quién responde por cada decisión.
La prueba estará en el texto que llegue al Congreso. Allí podrá evaluarse qué facultades conserva el OAJ, cuáles se reasignan y cómo se fiscaliza el gasto. Una nueva corrección legal necesita traducirse en responsabilidades comprensibles, no en otra zona gris administrativa.
Fuentes: La Jornada, 19 de octubre; SCJN, comunicado 142/2026 del 6 de octubre.
