CURP biométrica: la Corte pone las sentencias en espera, no resuelve el fondo
Un acuerdo que entra en vigor este viernes aplaza fallos sobre el sistema de identidad hasta que la SCJN fije criterio. El documento registra 138 amparos en revisión pendientes: la pausa no equivale a cancelar la CURP ni a declararla constitucional.
La Suprema Corte tomó el control del calendario de una de las discusiones más sensibles sobre identidad y datos personales. Un acuerdo publicado el jueves 22 de octubre ordena aplazar determinadas resoluciones relacionadas con la CURP biométrica mientras el pleno fija los criterios que deberán orientar esos asuntos. El instrumento entra en vigor este viernes, al día siguiente de su publicación.
El documento registra 138 amparos en revisión pendientes al 30 de septiembre y siete expedientes radicados ante la propia Corte. La precisión central es que el tribunal no declaró todavía constitucional ni inconstitucional el sistema: decidió cómo ordenar la resolución de los litigios mientras estudia el fondo.
Se aplaza el fallo; los expedientes pueden avanzar
El Acuerdo General 13/2026-AAG, aprobado el 14 de octubre, dispone que los asuntos comprendidos continúen su trámite hasta quedar en estado de resolución. Lo que debe esperar es el dictado de la sentencia o decisión correspondiente, hasta que la Corte establezca criterios y emita el acuerdo plenario respectivo.
Su alcance comprende amparos directos y en revisión de tribunales colegiados, y contradicciones de criterio ante plenos regionales, cuando subsista la cuestión constitucional sobre las disposiciones señaladas. No es una orden general para cerrar todos los juicios de amparo del país.
La revisión se vincula con normas de la Ley General de Población reformadas en julio de 2025 y con el sistema de identidad que incluyen. El acuerdo menciona la CURP biométrica, la Plataforma Única de Identidad y mecanismos de consulta, transferencia o validación.
La palabra “congelar” puede confundir
La Jornada informó este viernes sobre la pausa de los 138 recursos y las preocupaciones de colectivos de buscadoras respecto de posibles usos de vigilancia. Esos cuestionamientos forman parte del debate social; no significan que la Corte ya haya confirmado un uso indebido de datos.
EL CEO también distingue el aplazamiento de una suspensión general de la implementación de la CURP biométrica. El acuerdo judicial no contiene por sí mismo una cancelación nacional del documento. Tampoco permite concluir que las personas perdieron sus demandas o que ya obtuvieron una protección definitiva.
El poder de conectar información también necesita límites
La discusión política enfrenta la utilidad de una identidad verificable y herramientas para la búsqueda de personas con la necesidad de proteger información sensible. El punto no se agota en disponer de una base de datos: importa quién puede consultarla, bajo qué condiciones y con qué controles.
Los datos biométricos hacen especialmente relevante esa evaluación. Una falla de seguridad o un uso distinto del autorizado no se corrigen simplemente cambiando una contraseña. Por eso, las garantías de acceso, protección y rendición de cuentas forman parte sustantiva del debate público sobre el diseño del sistema.
La Corte busca evitar decisiones contradictorias antes de fijar una orientación común. Para quienes promovieron los recursos, la consecuencia inmediata es una espera en el fallo de los asuntos incluidos. La decisión que falta tendrá un peso mayor: definir los límites constitucionales de un mecanismo que conecta identificación personal y capacidad de consulta del Estado.
Fuentes: Acuerdo General 13/2026-AAG, texto oficial del DOF; contexto y cuestionamientos, La Jornada; alcance de la pausa judicial, EL CEO.
