Sheinbaum quiere cambiar quién imprime las elecciones; el control del gasto entra al debate
La presidenta prepara una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos con consejo de administración y observación externa. El pendiente es cómo reducir intermediarios sin debilitar la autonomía ni sustituir las auditorías.
La crisis de las contrataciones electorales abrió una discusión que va más allá del relevo de Guadalupe Taddei: quién fabrica los materiales de las elecciones, bajo qué reglas y con qué controles. Claudia Sheinbaum anunció el jueves 29 de octubre que la próxima semana presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México, con un consejo de administración y observación externa.
La intención presidencial es que ese organismo produzca la mayor parte de los materiales electorales y se reduzca la intervención de intermediarios. Al corte de esta edición, se trata de un anuncio sobre una propuesta por presentar, no de una nueva norma aprobada ni de una adjudicación ya resuelta.
Una imprenta pública que ya está dentro del sistema
Talleres Gráficos no es un actor recién llegado a las elecciones. El INE documentó, por ejemplo, que allí comenzó en febrero de 2025 la impresión de más de 600 millones de boletas para la elección judicial. El cambio que plantea la presidenta no consiste en inventar su participación, sino en ampliar y reorganizar su papel.
Según la explicación presidencial recogida por Agencia Reforma y Radio Fórmula, el esquema también permitiría abrir a más proveedores la fabricación de insumos complementarios. Que una entidad pública produzca boletas y que exista competencia para otros materiales son decisiones distintas que deberán quedar delimitadas en el proyecto.
Lo que promete resolver y lo que no desaparece por decreto
Sheinbaum sostiene que un grupo reducido de intermediarios ha concentrado contratos de materiales electorales desde hace años y pide revisar las operaciones. Es un señalamiento del Ejecutivo que debe investigarse y acreditarse caso por caso; no permite declarar culpable a cualquier proveedor por el hecho de haber contratado con el instituto.
Reducir intermediación puede ser una meta administrativa. Para saber si genera ahorros harán falta comparaciones verificables de precios, capacidad de producción, entregas, calidad y costos completos. La propiedad pública de una imprenta no sustituye ese ejercicio.
Tampoco resuelve por sí sola la pregunta de quién supervisa al supervisor. Si el nuevo modelo promete vigilancia externa, tendrá que explicar cómo se selecciona a quienes observan, qué información podrán revisar y cómo se publicarán sus hallazgos.
La autonomía también se juega en las decisiones operativas
El INE tiene la responsabilidad de organizar elecciones con certeza y legalidad. La discusión sobre el proveedor no debería borrar la obligación del instituto de definir requerimientos técnicos, verificar lo recibido y rendir cuentas sobre lo que paga.
Blanca Cruz, presidenta provisional, ha ofrecido trabajo colegiado y revisión institucional. En su entrevista del 28 de octubre difundida por Central Electoral, defendió que los procedimientos de contratación se apeguen a la ley y se sometan a las auditorías correspondientes.
El reto político es hacer compatibles dos exigencias legítimas: investigar posibles irregularidades y preservar la capacidad de la autoridad electoral para tomar decisiones técnicas. Presentarlas como opciones excluyentes empobrece la discusión y facilita que el gasto se convierta en un pleito de bandos.
Las respuestas que deberá traer la propuesta
Cuando el proyecto se presente, habrá que identificar su alcance jurídico, las competencias que modifica y los mecanismos de control que incorpora. También deberá conocerse cómo se atenderá la demanda de 2027 sin comprometer plazos o seguridad documental.
La confianza no depende solamente de cambiar a quien imprime. Depende de poder reconstruir la decisión completa: quién pidió el material, quién fijó el precio, quién lo produjo, quién lo recibió y quién respondió por una falla. Ahí se medirá si la reforma corrige un problema o únicamente cambia su dirección postal.
Fuentes: anuncio del 29 de octubre, Agencia Reforma; explicación del modelo propuesto; antecedente de producción en TGM, INE; posición de Blanca Cruz.