El expediente del INE crece mientras Morena y PAN se disputan la responsabilidad por Taddei
La salida de Guadalupe Taddei abrió una pelea por el pasado del instituto. Hay 18 expedientes reportados por su órgano de control y una pregunta que ningún comunicado puede responder: qué ocurrió en cada contratación.
La crisis del Instituto Nacional Electoral ya tiene dos relatos partidistas y una cuenta documental pendiente. Morena exige investigar las contrataciones de administraciones actuales y anteriores y rechaza que la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia haya sido una designación suya. El PAN responde que el partido gobernante debe asumir responsabilidad política y reclama una presidencia independiente. Entre ambos pronunciamientos, difundidos el domingo 1 de noviembre, quedaron los expedientes que deberán sostener cualquier acusación.
Para iniciar esta semana conviene separar tres asuntos que suelen aparecer amontonados: las presuntas irregularidades en compras, el relevo de la presidencia y la continuidad de la organización electoral. Están relacionados, pero cada uno requiere documentos y decisiones diferentes. Una declaración sobre el origen de un nombramiento no aclara una factura; una renuncia tampoco demuestra por sí misma la existencia de un delito.
La dimensión del caso aparece en el informe presentado el 30 de octubre ante diputados por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control. El Canal del Congreso registró 18 expedientes relacionados con posibles actos de corrupción: 13 bajo investigación y cinco en procedimientos de responsabilidades. Esa distribución describe etapas distintas. Sumarla y convertirla en 18 condenas produciría una información falsa.
El deslinde de Morena y la respuesta del PAN
En su posicionamiento del domingo, Morena pidió identificar quién autorizó contratos, quiénes son los proveedores, desde cuándo participan y quiénes pudieron beneficiarse. También invocó antecedentes anteriores a Taddei y recordó que su llegada al cargo en 2023 ocurrió mediante insaculación. El partido sostuvo que no defenderá a quienes hayan incurrido en corrupción, sin importar sus relaciones personales.
El comunicado representa una posición política sobre el alcance de las investigaciones. Para evaluar su cumplimiento habrá que observar qué expedientes se entregan, qué información se publica y si el criterio alcanza a funcionarios cercanos y adversarios por igual. La amplitud de una frase puede medirse después en la precisión de una respuesta oficial.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, rechazó ese deslinde. En un comunicado del propio partido, recordó el respaldo que Andrés Manuel López Obrador expresó al nombramiento de Taddei y anunció que buscaría revertir la ampliación de facultades administrativas concedidas a la presidencia del organismo en 2024. Acción Nacional pidió investigar responsabilidades y preservar independencia en la siguiente designación.
El choque tiene una consecuencia para el lector: conviene distinguir responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Un partido puede ser cuestionado por haber defendido una decisión o una persona. Acreditar una falta o un delito exige individualizar conductas, atribuciones y pruebas. Las tres discusiones pueden avanzar al mismo tiempo; ninguna sustituye automáticamente a las otras.
Una semana que cambió la conducción del instituto
La secuencia reciente permite entender cómo una controversia sobre compras se convirtió en una crisis de conducción. El 25 de octubre, Taddei anunció que presentaría su renuncia. El 27, el Consejo General designó por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. El 29 se informó que las bajas de personal de confianza reportadas ascendían a 15. El 30 compareció el titular del órgano de control. El 1 de noviembre llegaron nuevos posicionamientos de los partidos.
Son hitos de naturaleza diferente. La designación provisional atiende la conducción institucional; las renuncias modifican equipos; la comparecencia aporta información sobre investigaciones. Leerlos como una sola resolución de culpabilidad confunde la cronología con una sentencia. El recuento publicado por El Economista permite consultar esas fechas y los anuncios realizados en cada momento.
También importa conservar los cortes temporales. Una contratación detenida durante una revisión puede reanudarse después. Un funcionario que renunció puede tener o no un procedimiento abierto. Para dar seguimiento al caso habrá que contrastar cada actualización con el acto administrativo que la sustenta, en lugar de atribuirle a toda decisión posterior el mismo significado de la primera noticia.
Lo que dicen los números y lo que todavía no dicen
Con los datos expuestos ante diputados puede hacerse un cálculo sencillo: 13 de 18 expedientes equivalen aproximadamente a 72.2 por ciento; los cinco restantes, a 27.8 por ciento. Son proporciones calculadas por Centralia sobre ese universo específico. Ayudan a visualizar la distribución reportada, pero no miden el porcentaje de corrupción del INE ni la proporción de contratos irregulares.
La diferencia del denominador es decisiva. Expedientes, contratos, proveedores y personas son unidades distintas. Un expediente podría comprender varias operaciones; una contratación puede involucrar a diferentes funcionarios. Sin una relación pública entre esas unidades, cualquier cifra que pretenda establecer cuántos pesos o cuántas personas representan los 18 casos iría más allá de la información disponible.
Una segunda limitación es el resultado de cada procedimiento. Una investigación abierta puede terminar con responsabilidades acreditadas o con una conclusión diferente. La noticia actual permite afirmar que existen revisiones y conocer su distribución general. Para hablar de sanciones particulares hay que identificar la resolución correspondiente, su alcance y la posibilidad de que sea impugnada.
Cinco documentos para seguir el dinero
El primer documento útil es la justificación de la necesidad. Antes de comparar precios hay que saber qué producto o servicio se pidió, para cuántas unidades, con qué características y para qué periodo. Dos montos nominales pueden parecer comparables y corresponder a prestaciones distintas. Una revisión seria debe reconstruir primero el objeto de la compra.
El segundo es la investigación de mercado. Permite preguntar qué alternativas se consideraron y cómo se construyó el precio de referencia. Para el ciudadano, el interés no consiste únicamente en encontrar una cotización menor: también está en conocer si hubo condiciones equivalentes, capacidad de entrega y competencia efectiva entre opciones que pudieran cumplir el servicio.
El tercero es el expediente de adjudicación. Ahí interesa identificar las reglas del procedimiento, las propuestas recibidas, los criterios aplicados y las razones de la decisión. Una diferencia entre ofertas requiere explicación; por sí sola no acredita una irregularidad. Lo que debe poder reconstruirse es cómo la autoridad pasó de las reglas anunciadas al proveedor seleccionado.
El cuarto reúne contrato, modificaciones y entregables. El monto inicial cuenta una parte de la historia. Los cambios posteriores, las fechas de entrega y la evidencia de recepción permiten examinar qué terminó pagando la institución y qué recibió. La comparación debe hacerse entre obligaciones y cumplimiento, sin asumir que todo convenio modificatorio demuestra un abuso.
El quinto es el cierre de la revisión: observaciones, respuestas y determinaciones. Publicar sólo un señalamiento deja incompleta la trayectoria del caso. Publicar únicamente la respuesta también. La información que permite evaluar resultados contiene ambos lados y muestra qué puntos quedaron aclarados, cuáles continuaron y qué autoridad tomó la decisión final.
El examen también alcanza a quienes supervisan
El seguimiento de las compras exige preguntar por la oportunidad de los controles. Si un problema se detecta después de realizarse el gasto, importa conocer qué mecanismos preventivos existían, qué alertas se produjeron y cómo fueron atendidas. Ésa es una pregunta de diseño institucional, además de una eventual pregunta sobre conductas individuales.
Durante la comparecencia hubo cuestionamientos de diferentes bancadas. El PAN pidió explicar por qué los señalamientos habían trascendido mediante investigaciones periodísticas. Movimiento Ciudadano solicitó indagar posibles irregularidades dentro del propio órgano de control. Esas intervenciones, registradas por el Canal del Congreso, deben leerse como solicitudes y acusaciones atribuidas, sujetas a verificación.
Investigar al supervisor no vuelve innecesaria la supervisión. La salida útil es hacer trazables sus decisiones: cuándo recibió información, qué diligencias ordenó y por qué adoptó una determinación. El mismo estándar debe servir para revisar a la administración investigada y a las instancias que debían detectar problemas en ella.
La elección necesita administración y confianza
La disputa llega mientras el instituto prepara el proceso electoral de 2027. Eso obliga a pensar la rendición de cuentas junto con la continuidad de sus tareas. Para la ciudadanía, el problema no se resuelve escogiendo entre una investigación profunda y una autoridad capaz de organizar comicios. Ambas funciones forman parte de la exigencia pública.
Una revisión que paralice sin explicación adquisiciones indispensables puede generar incertidumbre operativa. Una administración que invoque los plazos electorales para cerrar preguntas sobre gasto también deterioraría la confianza. El criterio comprobable es conocer qué procedimientos continúan, cuáles se revisan y cómo se garantiza que las decisiones tengan respaldo técnico y documental.
La independencia de la siguiente presidencia deberá juzgarse con preguntas concretas: qué experiencia presenta la persona designada, cómo se evalúan sus conflictos de interés y qué compromisos asume para publicar información. Las declaraciones de los partidos son antecedentes para ese examen. Su conducta durante la selección permitirá valorar si aplican los criterios que ahora reclaman.
Lo siguiente que merece una actualización
Habrá novedades sustantivas cuando se conozcan determinaciones de los expedientes, documentación adicional de contratos o decisiones verificables sobre el relevo definitivo. También cuando una autoridad aclare el alcance de una observación que hoy permanece abierta. Un nuevo intercambio de acusaciones puede ser políticamente relevante, pero no modifica por sí mismo el estado de una investigación.
Para seguir el caso, el lector puede conservar tres preguntas: qué hecho nuevo se acreditó, qué autoridad lo documentó y qué cambió respecto del corte anterior. Ese filtro ayuda a reconocer avances y a detectar cuándo un anuncio sólo vuelve a presentar información conocida con un tono diferente.
El expediente del INE tendrá valor público cuando permita reconstruir decisiones y consecuencias. El origen de un nombramiento, las relaciones políticas y la historia de las contrataciones son piezas de ese examen. Esta semana la prueba consiste en convertir la exigencia compartida de investigar en información que cualquier ciudadano pueda revisar.
Documentos y fuentes para consultar
Canal del Congreso — Comparecencia del 30 de octubre
PAN — Posicionamiento del 1 de noviembre
