El detalle del ISR que importa más que el eslogan: quién se libra del nuevo control de deducciones
La minuta que vuelve a Diputados incluye excepciones para determinadas operaciones automotrices y de combustibles. No elimina el ISR: cambia el alcance de un mecanismo que puede elevar la base sobre la que se calcula.
La reforma al ISR que el Senado devolvió a la Cámara de Diputados tiene un efecto que puede perderse entre dos mensajes políticos demasiado cómodos: que las empresas dejarán de pagar el impuesto o que sólo se está corrigiendo un tecnicismo. La revisión de la minuta fue incluida en la agenda legislativa anunciada para este martes 3 de noviembre. El texto modifica las excepciones de un mecanismo para controlar deducciones autorizadas y pérdidas fiscales, con beneficios para determinadas operaciones de la industria automotriz y de gasolinas y diésel.
La diferencia importa porque una deducción interviene en la construcción de la base gravable. Mantener la posibilidad de reconocer un gasto no equivale a borrar toda la obligación tributaria. Pero restringirla tampoco es neutral: puede elevar el impuesto de una empresa aun cuando la tasa general no cambie. Ahí se encuentra el contenido económico de una discusión presentada a veces como una simple disputa de etiquetas.
Ricardo Monreal anunció la discusión dentro de la agenda de trabajo parlamentario. Este análisis examina el mecanismo y las excepciones aprobadas por el Senado; no presenta esa versión como una ley ya promulgada. El texto que finalmente acepte el Congreso, sus transitorios y la publicación en el Diario Oficial serán las referencias para determinar el alcance, las fechas y las condiciones con las que operará la reforma. Conviene distinguir ese proceso del argumento económico utilizado para defender o cuestionar la medida.
Qué cambió el Senado
La modificación se concentra en el artículo 78-E. El análisis del proyecto aprobado por el Senado, publicado por Deloitte, precisa dos supuestos incorporados a las excepciones: las empresas automotrices que operen bajo autorización de depósito fiscal para ensamble y fabricación de vehículos, y los contribuyentes autorizados para el expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel.
La redacción remite a actividades y autorizaciones específicas. Por eso sería impreciso convertirla en una exención para cualquier compañía que venda algo relacionado con un automóvil o un combustible. La llave es el supuesto jurídico de la operación y el permiso correspondiente. Una etiqueta comercial amplia no sustituye lo que diga el artículo aprobado.
La diferencia también permite corregir una confusión difundida durante el debate. Quedar fuera de este nuevo control no significa quedar fuera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las obligaciones generales, comprobación de operaciones y demás condiciones que correspondan no desaparecen por esa excepción. El beneficio consiste en conservar un tratamiento frente a un mecanismo concreto, no en obtener una dispensa universal.
Los 50 millones son una puerta de entrada
El proyecto originalmente aprobado por Diputados incorporó un capítulo sobre control de deducciones y pérdidas fiscales. Según el boletín legislativo del 14 de octubre, reproducido por Talla Política, el artículo 78-A contempla a personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y utilidad fiscal del ejercicio. Ese umbral describe un universo de contribuyentes; no debe confundirse con un único límite de 50 millones deducibles para todos.
El mismo documento describe una rama del mecanismo del artículo 78-B: cuando las deducciones autorizadas no superen el resultado de multiplicar los ingresos acumulables por 0.9667, se aplica un factor de 0.9900 al total de dichas deducciones. La explicación corresponde al proyecto remitido al Senado y a ese supuesto específico. No permite generalizar la misma cuenta a todas las empresas ni a todos los escenarios de pérdidas.
Este punto merece una traducción sencilla. Una empresa puede cumplir la condición de ingresos para quedar dentro del mecanismo y, después, tener que revisar qué reglas corresponden a su margen, deducciones y actividad. La excepción sectorial actúa sobre esa arquitectura. Decir solamente que existe un tope borra etapas que son indispensables para entender el efecto.
Un ejemplo: misma tasa, impuesto diferente
Tomemos una empresa hipotética con ingresos acumulables de 100 millones de pesos y deducciones de 90 millones. Supongamos, exclusivamente para mostrar la aritmética, que queda comprendida en la rama descrita y que no existen otros ajustes, pérdidas pendientes, acreditamientos o elementos que modifiquen el cálculo. No son cifras de una compañía real ni una estimación de recaudación nacional.
Antes del factor, la diferencia entre ingresos y deducciones sería de 10 millones. Si las deducciones se multiplican por 0.9900, el monto reconocido baja de 90 a 89.1 millones. La diferencia utilizada en este ejemplo aumenta a 10.9 millones. Se trata de 900 mil pesos adicionales en la base del ejercicio simplificado, aunque no haya cambiado la facturación.
La tasa general del ISR para personas morales que explica el SAT en el artículo 9 es de 30% sobre el resultado fiscal. Si la aplicamos a esas dos bases simplificadas, el impuesto sería de tres millones y de 3.27 millones, respectivamente. La diferencia es de 270 mil pesos: un aumento de 9% respecto del primer impuesto, no nueve puntos adicionales en la tasa legal.
El ejemplo muestra por qué una reducción aparentemente pequeña de deducciones puede ser relevante frente a la utilidad. También muestra el límite de la comparación: un caso hipotético no permite calcular cuánto ganarán todos los sectores exceptuados. Para eso harían falta bases fiscales, márgenes, operaciones y condiciones reales, además de la versión final de la reforma.
La razón política de las excepciones
Al defender la reserva, Emmanuel Reyes planteó que el mecanismo debía combatir prácticas abusivas sin producir distorsiones en actividades estratégicas y reguladas. La argumentación, recogida en la cobertura del Senado, relacionó la excepción automotriz con la certidumbre de las inversiones y la de combustibles con la estrategia de estabilidad de precios. Son los objetivos declarados por sus promotores, no resultados que ya puedan darse por cumplidos.
Una excepción puede tener una justificación económica: tratar de manera diferente operaciones que enfrentan estructuras de costos y controles distintos. Pero la calidad de esa justificación depende de mostrar evidencia y de explicar por qué un criterio sirve para unas actividades y no para otras comparables. Invocar la importancia de una industria abre el debate; no lo resuelve.
Para el gobierno y su mayoría legislativa hay dos metas que pueden entrar en tensión: ampliar la capacidad recaudatoria y evitar impactos que desincentiven inversión o eleven costos. Diseñar excepciones es una forma de administrar esa tensión. También obliga a explicar qué protección se ofrece a la base tributaria cuando se excluyen operaciones que, en principio, habrían quedado alcanzadas por el control.
Gasolina: un beneficio fiscal no es una rebaja automática
En el caso de los combustibles, la promesa de estabilidad merece una medición separada. Que una empresa conserve deducciones puede modificar su costo fiscal, pero no fija por sí mismo el precio que paga el consumidor. Para demostrar un traslado del beneficio habría que observar su magnitud, las condiciones del mercado y el comportamiento de los márgenes, además de otros componentes del precio.
La distinción ayuda a evitar dos conclusiones precipitadas. No puede asegurarse que la gasolina bajará por esta reserva; tampoco que la excepción carecerá de efecto económico porque el precio no cambie inmediatamente. Una medida podría utilizarse para absorber costos o mantener un margen. Determinar qué sucedió requiere comparar información antes y después, no únicamente escuchar la intención anunciada.
Ese seguimiento también debería separar a los distintos eslabones de la actividad. Expendio, distribución y comercialización no describen exactamente la misma función. La minuta incluye supuestos autorizados, pero el efecto puede variar según la operación. Atribuir una misma ganancia a todos los establecimientos sería tan poco riguroso como afirmar que ninguna empresa obtiene una ventaja.
Automotrices: certidumbre también significa reglas delimitadas
Para las operaciones de ensamble y fabricación, el depósito fiscal es una referencia jurídica relevante en la reserva. La excepción no puede interpretarse como un permiso para volver deducible cualquier gasto. Su alcance debe leerse junto con el resto de las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables, y con la documentación que acredite que la operación está comprendida.
La certidumbre que busca un inversionista no consiste únicamente en pagar menos en un ejercicio. También implica saber qué regla se aplicará, cuánto tiempo estará vigente y cómo será revisada. Si el Congreso utiliza una definición precisa de las actividades exceptuadas, reduce espacios para interpretaciones incompatibles. Si deja zonas ambiguas, una ventaja anunciada puede terminar convertida en nuevos costos de cumplimiento o controversias.
La discusión tiene además una dimensión de competencia. Empresas con actividades parecidas podrían recibir tratamientos distintos por la forma en que operan o por las autorizaciones que poseen. Esa diferencia puede estar justificada, pero debe poder explicarse. La evaluación pública del proyecto necesita conocer el criterio, en lugar de limitarse a dividir el debate entre defensores y adversarios de la industria.
Qué falta saber y dónde se comprobará
La reforma al ISR debe distinguirse de la Ley de Ingresos de la Federación y de la Ley Federal de Derechos para 2027, que el Senado aprobó y remitió al Ejecutivo. El regreso de una minuta modificada a la cámara de origen responde al procedimiento legislativo. No significa que todo el paquete económico vuelva al inicio ni que los tres instrumentos sean intercambiables.
En esta revisión, lo relevante será documentar el texto aceptado por Diputados, las reservas que prosperen, la votación y la fecha de entrada en vigor que establezcan los transitorios. También será importante conocer si las autoridades publican una estimación del efecto de las excepciones. Sin esa información no hay base suficiente para asignarles un costo recaudatorio específico.
El debate fiscal del martes tiene una pregunta concreta detrás de su lenguaje especializado: cómo combatir la erosión de la base gravable sin imponer cargas mal calibradas y cómo justificar los tratamientos diferenciados. La respuesta no cabe en afirmar que dos sectores ya no pagarán impuestos. Está en las operaciones incluidas, las fórmulas que se aplicarán y la evidencia que permita comprobar si el beneficio cumple el propósito con el que fue defendido.
Documentos y fuentes para consultar
Ricardo Monreal: agenda para revisar la minuta el 3 de noviembre
Deloitte: Flash Fiscal 41/2026, detalle de las excepciones
SAT: artículo 9 y tasa general de personas morales
